Informan hoy El Mundo, La Voz de Galicia, La Región de Ourense y Terra Actualidad

sobre la última operación del Grupo de Fraudes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la UDEV Central contra la piratería de la señal de televisión, que ha motivado entre otras medidas, la detención de más de 27 personas que presuntamente operaban en 17 provincias.

Entre los detenidos se encuentran diez distribuidores de claves y códigos a través de Internet, nueve vendedores de descodificadores manipulados y ocho administradores de televisiones locales, distribuidos en las provincias y ciudades de Alicante, Almería, Palencia, León, Huelva, Cáceres, Gerona, Barcelona, Murcia, Cordoba, Zamora, A Coruña, Burgos, Badajoz, Santander, Orense y Vigo.

El modus operandi, según el citado Grupo de Fraudes, era triple: venta a través de Internet de descodfiicadores manipulados para poder acceder a los canales de pago por visión de forma gratuita, páginas web donde se podían descargar códigos y claves a través del envío de mensajes de texto y finalmente, a través de las televisiones locales que se constituían como operadoras de TV por cable, que redifundían la señal de TV de pago sin la correspondiente autorización del titular de los derechos.

Fuente: IurisNova

El BOE del pasado 23 de Junio publicó el texto de la Ley 11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

Esta Ley, reconoce a los ciudadanos su derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, así como la obligación de éstas a garantizar ese derecho.

Sus puntos más destacables son:

Los ciudadanos verán reconocidos nuevos derechos en sus relaciones con las administraciones públicas
La creación de la figura del Defensor del Usuario
Las administraciones tendrán la obligación de hacer estos derechos efectivos a partir de 2009
Los trámites y gestiones podrán hacerse desde cualquier lugar, en cualquier momento
La administración será más fácil, más ágil y más eficaz
Los ciudadanos pasan a tomar el mando en sus relaciones con la administración
* Es una ley de consenso. En su elaboración han participado todas las administraciones, de ciudadanos, de partidos, de empresas y asociaciones


Acceda al contenido completo de la ley, pulsando aquí.

Fuente: Cine y Tele

Algunas enmiendas al proyecto de la LISI contemplan multas de hasta un millón de euros por emitir sin licencia

El Partido Socialista ha presentado una serie de enmiendas a la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI). Quizá la más destacada de estas enmiendas es la inclusión de multas, que van desde los 60.000 euros a incluso un millón de euros, a radios y televisiones que emitan sin licencia.

En las enmiendas introducidas, se definen los nuevos servicios de radio y televisión por satélite, así como los de Televisión Digital Terrestre (TDT) en movilidad, que quedan definidos como 'servicios de interés general'.

Las enmiendas introducidas por el Grupo Socialista inciden además en la responsabilidad directa de los titulares de las licencias en los contenidos de los canales. En el caso de que lo que se emita sea un redifusión de lo emitido en otro canal con otros licenciatarios, se mantendrá una responsabilidad subsidiaria sobre esos contenidos.

Fuente:EL PAÍS

Las operadoras que prestan servicios en la Red -por ejemplo, Telefónica- no están obligadas a delatar y facilitar las direcciones IP de los usuarios que descargan música o películas en Internet. Un informe de la abogada general del Tribunal de Luxemburgo, Juliane Kokot, hecho a raíz de un pleito que hay en Madrid contra Telefónica por negarse a delatar a usuarios que se han descargado música, abunda en la primacía de la reserva de los datos personales de los usuarios de Internet cuando éstos no están inmersos en causas criminales ni el asunto afecta a la seguridad nacional.

El informe de Kokot ha sido elaborado a instancias del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, que lleva un pleito de la sociedad Productos de Música de España (Promusicae) contra Telefónica. Promusicae acudió al juez con los IP de algunos usuarios que se habían descargado películas y música. Y pidió al juez que instase a Telefónica a identificarles. La dirección IP es una identificación numérica que el proveedor de servicios asigna a un internauta cada vez que éste se conecta a la Red. El juez pidió esos datos a Telefónica, pero la compañía se opuso alegando que la legislación española lo impedía porque eran datos reservados que, según la ley, sólo deben ser desvelados si los pide un juez en el marco de una investigación criminal o por un asunto que afecte a la seguridad nacional. Pero no en un pleito civil.

El juez decidió consultar este asunto con el Tribunal de Luxemburgo, por si había alguna directiva europea que obligue, aun en el caso de un pleito civil, a delatar a quienes se descargan archivos de la Red.

El citado tribunal europeo no ha contestado aún oficialmente al juez español, pero ya tiene sobre su mesa las conclusiones del informe de Juliane Kokot. Ésta señala que la normativa europea permite "que los Estados miembros excluyan la comunicación de datos de tráfico personales para la persecución por la vía civil de infracciones de los derechos de autor".

En España, la situación actual es la siguiente: descargar música o películas de Internet "sin ánimo de lucro" y entre privados no es delito, según la circular 1/2006 de la Fiscalía General, referida al derecho a la propiedad intelectual e industrial. No obstante, esa misma circular deja en manos de las compañías afectadas la posibilidad de utilizar la vía civil (no la penal) y demandar a quien se descargue música o películas. Es decir, pedir una indemnización. Ése era el objetivo de Promusicae, pero para poder pedir esa responsabilidad civil necesitaba que Telefónica le diese los nombres de los internautas a cuyas IP había tenido acceso.

Promusicae ha alegado que sí cabe exigir judicialmente a una operadora la identificación de usuarios de la Red aun tratándose de un asunto civil. Esgrime la excepción contenida en el artículo 6, apartado 6, de la directiva europea 2002/58, que permite pedir este tipo de datos si ello ayuda a resolver litigios.

Sin embargo, la abogada general de Luxemburgo afirma que la norma que esgrime el organismo de gestión de derechos "no puede justificar la comunicación de datos de tráfico a Promusicae", ya que esta asociación "no es un organismo competente para la resolución de litigios" (los arbitrajes).

En su informe, la abogada general señala que la protección de datos personales (las direcciones IP) está amparada por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Kokot recuerda que la injerencia en la intimidad, como es la comunicación de datos personales, tiene que ser proporcional a la finalidad legítima perseguida. Hay excepciones en que sí cabe hacerlo, pero las mismas no son de aplicación en el caso que expone Promusicae. Según Kokot, una interpretación extensiva del derecho a la privacidad dejaría sin contenido la protección de datos personales y haría realidad la figura del "ciudadano de cristal". Es decir, que con la excusa de poner una demanda civil cualquiera podría invadir la vida privada ajena y acceder a sus datos más reservados.

Pedro Martínez, teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid, señala: "Nadie duda de la necesidad de restablecer el equilibrio entre el derecho individual de autor y el derecho colectivo a la cultura, pero esto no puede lograrse a costa de limitar los derechos civiles, en este caso la intimidad y el derecho a la vida privada". Martínez añade: "La directiva 2000/31/CE aconseja pactar códigos de conducta entre usuarios, proveedores y titulares de derechos, pero también sería deseable bajar los precios de los productos, a la vista de que el salario mínimo en España es de 570 euros".

Fuente: IurisNova

Acceda al texto legal completo (formato PDF, 281 kb)

Fuente: CineyTele

El director general de Coordinación de Telefónica, Julio Linares, ha presentado una propuesta a la CMT y al Gobierno ante la futura normativa que regulará las redes que ofrecerán 50 megas de ADSL. Telefónica, que prepara una red de nueva generación, que llevará la fibra óptica hasta los hogares y permitirá conexiones a Internet a velocidades superiores a los 50 megas, aboga por el fin de la regulación nacional y propone que, para las redes de nueva generación, se segmente por áreas geográficas dependiendo de la competencia en cada zona.

En la actualidad, España continúa dividida en tres zonas en función de la diferente demanda tecnológica con una alternativa de regulación para cada una de ellas. Sin embargo, y a pesar del fuerte crecimiento de competidores que cuentan con red propia, como es el ejemplo de Ono, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sigue marcando a Telefónica el precio máximo que puede cobrar a sus rivales, sin tener en cuenta de la competencia del mercado es alta o no, por lo que la empresa ha remitido una propuesta a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y al Gobierno en la que acepta ser regulada y admite que su red debe ser abierta a sus rivales, en algunas zonas y con libertad absoluta de fijación de precios.

Fuente:La Gaceta de los Negocios
M.A.Uriondo.

La CMT está decidida a poner coto al vacío legal que existe con los números internos que utilizan las operadoras para prestar todo tipo de servicios, y ha apostado por meter a Industria más presión para que publique de una vez por todas la anunciada orden ministerial que debería dejar las cosas más claras en el sector.

El regulador dará, en uno de sus primeros consejos del curso, un plazo de dos meses para que Movistar, Orange y Vodafone no puedan volver a utilizar estos números internos, de tres y cuatro cifras, para servicios de pago, según aparece reflejado en un trámite de audiencia enviado a las partes interesadas el pasado 17 de julio, y al que tuvo acceso LA GACETA. Además, la CMT dará un plazo de dos meses a los operadores para que obtengan la pertinente autorización de industria para utilizar estos números en servicios gratuitos o de bajo coste.


Continúa leyendo... Con esta medida se fuerza a Industria a sacar lo antes posible la orden ministerial que prometió en abril, o los operadores y proveedores de servicios no podrán seguir usando este número y se quedarán sin alternativas.

La CMT recuerda que hace tiempo que recomendó a Industria la atribución de numeración específica para servicios de mensajería de valor añadido sobre redes móviles. Asimismo señala que, a pesar que desde el Ministerio de Industria se ha anunciado que se promoverá una orden ministerial para poner en marcha una nueva regulación y fijar las obligaciones asociadas a la misma, aún no se ha producido y “está clara la falta de normativa vigente asociada a los SMS Premium”.

“Este hecho no puede validar una situación en la que no existe ningún tipo de control ni de autorización previa por parte del Ministerio”, subraya el regulador, y sugiere que Industria al menos autorice y valide hasta la publicación de la Orden el uso de la numeración empleada actualmente para no mantener el vacío legal.

Desde Industria, se subraya que no será necesario, ya que la orden se publicará “en breve”, posiblemente en octubre o antes.

Una vez que se apruebe la norma, Movistar, Vodafone y Orange cesarán en la prestación de los servicios que lleven asociados una tarificación adicional, y se migrarán a los rangos atribuidos para estos servicios tal y como ya anunció Industria.

El objetivo del Ministerio es que los proveedores de contenidos premium deban alargar sus números de cuatro dígitos para indicar que no se trata de números convencionales. Los números cortos cuyos servicios cuesten menos de un euro comenzarán por 2, los servicios de suscripción lo harán por 3 y aquellos que incluyan contenidos para adultos empezarán por 89.

Además, los operadores garantizarán a sus abonados la desconexión de los servicios de tarificación basados en el envío de SMS.

Fuente: El País

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha asegurado ante la Comisión de Cultura del Congreso que su Departamento protegerá los derechos de los creadores sin perjudicar a los ciudadanos, por lo que se establecerá una "compensación justa y equilibrada" por el límite de copia privada, así como regulando la Comisión de Propiedad Intelectual.


Continúa leyendo... Molina, en su primera comparecencia, a petición propia, para establecer las líneas de su tarea al frente del Ministerio, ha señalado que la tutela de la Cultura exige por parte de este Departamento proteger "la libertad de expresión y el derecho fundamental a la producción y a la creación". Se refirió a los creadores y mostró su "compromiso" para luchar contra la piratería y el fraude.

Para mejorar el marco jurídico, ha anunciado la modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual en dos aspectos: para compensar "justa y equilibradamente" por el límite de copia privada, para así conseguir un equilibrio entre ciudadanos y entidades de gestión. Molina ha anunciado que, por "primera vez", hay una propuesta concreta encima de la mesa. En segundo lugar, habló de regular la Comisión de Propiedad Intelectual para "mitigar el alto nivel de litigiosidad".

El Ministerio de Cultura reforzará, asimismo, las actuaciones del Plan Integral de Lucha contra la Piratería con labores de concienciación en centros escolares o la elaboración de un 'Manual de buenas prácticas para la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual' (que contará con representantes de los Ministerios de Cultura, Justicia e Interior, el CGPJ, la Fiscalía General del Estado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Entidades de Gestión de Derechos de Autor, así como las CC AA y la FEMP).

En tercer lugar, Cultura buscará "puntos de acuerdo" entre las industrias tecnológicas, los usuarios y los titulares de derechos de propiedad intelectual para abordar de forma "eficaz" el problema de la piratería, que preocupa sobre todo en lo que concierne a los CD y DVD. Para ello, Molina ha adelantado que solicitará a las entidades locales y a las delegaciones de Gobierno una "especial atención" para luchar contra el 'top-manta'.

Fuente: Red.es

El Ministerio de Industria destina 43 millones de euros al despliegue del DNI electrónico a través de Red.es

* De este modo, se facilitará el cumplimiento del objetivo de que todas las Comisarías estén equipadas para la expedición del DNIe a finales de este año

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la entidad pública Red.es para la encomienda de gestión de actuaciones de apoyo al despliegue del DNI electrónico.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aportará un total de 42.995.000 euros para el desarrollo del plan de trabajo de Red.es. De este modo, se facilitará el cumplimiento del objetivo de que todas las Comisarías estén equipadas para al expedición del DNIe a finales de este año.

Las actuaciones previstas son:

- Dotación de las Comisarías de la Policía Nacional del equipamiento informático necesario para la tramitación y expedición del DNI electrónico y actuaciones que fomenten su uso.
- Apoyo técnico a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en relación con el mantenimiento del equipamiento informático necesario para la tramitación y expedición del DNI electrónico.
- Actividades de formación del personal del Cuerpo Nacional de Policía encargado del empleo del equipamiento informático necesario para la tramitación y expedición del DNI electrónico.

Plan Avanza

En el marco del Plan Avanza, el Ministerio de Industria tiene previsto destinar una financiación de 77 millones de euros para el proyecto del DNI electrónico en 2007. La ejecución de este presupuesto se realizará, por una parte, mediante la encomienda de gestión autorizada hoy y, por otra parte, mediante un acuerdo con el Ministerio del Interior, que se firmará próximamente.

IURISNOVA ha incorporado a dos nuevos miembros en su equipo y ha cambiado de domicilio social y fiscal, así como de números de teléfono y fax.

1. Nuevas incorporaciones:

Amaia Esteban Berzosa	Diego Gómez Negrete
Dpto. de Atención al Cliente Dpto. de Administración	Dpto. Comercial
administracion@iurisnova.es	dgomez@iurisnova.es

Desde el pasado 1 de Octubre de 2006, IURISNOVA se traslada a C/ Ardemans nº 9, 1º F. 28028 Madrid y cambia de teléfonos: Teléfono 902.012.981 Fax 91.771.07.59

Lunes a Jueves de 9:30-14:30 y de 16:30-19:00 y Viernes de 9:30-15:00

Fuente:La Razón

A la fuerza ahorcan. Esa es la interpretación con la que ayer se incluyó en el proyecto de la ley del Libro el pago del canon por préstamo bibliotecario, que se fija en 0,2 euros por ejemplar y que gestionará previsiblemente Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos). El cálculo que ayer se hizo en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados apunta a que durante el primer año de aplicación de la ley autores y editores -en un porcentaje de 70 y 30 por ciento, respectivamente- se repartirán 1,4 millones de euros. De hecho, el diputado socialista, que agradeció que el sector haya tenido ambiciones «comedidas», asumió que «no es algo que el Gobierno haga por gusto». Y es que la presión de la UE ha sido constante -ayer mismo abrió un nuevo expediente-, porque España era, hasta ahora, el único país que seguía sin cumplir la directiva de 1992 que ordenaba al pago. La inclusión de este canon es la principal novedad del dictamen de la Comisión de Cultura sobre la Ley del Libro, que se discutirá en pleno la próxima semana, y en el que se ha aprobado 29 enmiendas trasaccionales, entre ellas, la que corrige su nombre a «Ley de la lectura, del libro y la cooperación bibliotecaria».


Continúa leyendo... Juan Mollá, vicepresidente de Cedro y presidente de la Asociación Colegial de Escritores, mostró ayer su satisfacción nada más conocer la noticia, a falta de valorar el texto definitivo de la enmienda presentada por el PSOE y aprobada por todos los grupos políticos, excepto ERC y BNG. «Hay una confusión enorme con este canon entre quienes se oponen porque es irremediable -dijo Mollá-. No es cuestión de discutir si es justo, sino que hay que cumplir con la directiva de la UE. Es monstruoso que se esté confundiendo con el canon digital. El resto de países lo paga desde hace décadas y nuestros escritores lo perciben, por ejemplo, en Gran Bretaña. Y, sobre todo, está ya fuera de duda que recaiga sobre los lectores».
Precisamente, ese fue un tema que se quedó pendiente ayer en el Congreso. El Gobierno central y las autonomías se harán cargo del canon bibliotecario -del que siguen exento las bibliotecas escolares-, aunque aún falta por negociar en qué porcentaje. La portavoz del PP en el Congreso, Beatriz Rodríguez Salmones, aseguró que en las comunidades autónomas que gobierna su partido llegará hasta el 50 por ciento.
No pagarán los lectores
Desconociendo las intenciones del Congreso, la Comisión Europea inició ayer un procedimiento de infracción contra España. El pasado otoño, el Tribunal de Justicia de la UE ya falló en contra de nuestro país por eximir en 1994 a las bibliotecas públicas del pago de los derechos de autor en el préstamo de libros escudándose en los bajos índices de lectura. La negativa de las autoridades españolas, hasta ayer, a acatar dicha decisión obligó al Ejecutivo comunitario a remitir una «notificación formal», primera fase del procedimiento de infracción por incumplimiento de la sentencia por parte del Gobierno español, que tendrá dos meses para responder.
Según la directiva de 1992, los autores tienen que obtener una remuneración por el préstamo público de sus obras en una biblioteca, pese a que determinadas categorías de establecimientos estarán exentas de dicho pago. En abril de 2003, la Comisión ya se enfrentó a España por no adoptar la directiva. Finalmente, la batalla acabó ante la Justicia. Ahora, la UE amenazaba con multa diaria.

Fuente: El País

Las tarjetas prepago de teléfonos móviles dejarán de ser anónimas y la Policía podrá conocer la identidad de su titular para una investigación, detección o enjuiciamiento de delitos, según el Proyecto de Ley de Conservación de Datos en comunicaciones electrónicas aprobado hoy por el Consejo de Ministros. La norma exige a las operadoras que abran un libro de registro que recoja la identidad de los compradores de esas tarjetas prepago. En la actualidad existen más de 16 millones de líneas en prepago.

La norma afecta también a la cesión de datos de las comunicaciones electrónicas a las Fuerzas de Seguridad, ya que establece la obligación para los operadores de estos servicios de conservar todos los datos que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ellas. Esa exigencia no afectará nunca al contenido de la comunicación y requerirá siempre una autorización judicial.


Continúe leyendo... El Gobierno considera que con estas medidas se refuerzan considerablemente los instrumentos disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad pública de los cuerpos policiales competentes, que podrán acceder a unos datos que en la actualidad no siempre están disponibles, lo cual dificulta la averiguación de los delitos.

Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es esencial que la Policía, y de forma especial la Policía Judicial y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tengan acceso a la información que circula por Internet o por las líneas telefónicas, fijas o móviles, dado que "las redes de delincuencia organizada suelen reclutar especialistas de nivel en el manejo de estos medios electrónicos".

La vicepresidenta añadió que el Gobierno "es consciente de que la seguridad pública debe mantenerse sin merma o limitación del derecho a la intimidad y a la privacidad", y por ello el Proyecto de Ley incluye herramientas para garantizar el uso legítimo de los datos.

La medida podría costar 20.000 millones a las operadoras

Según ha comunicado el Gobierno, las operadoras de telecomunicaciones “han de realizar las adaptaciones precisas para el cumplimiento de sus obligaciones de conservación y cesión de datos, en un plazo de tres meses, desde que se apruebe el procedimiento técnico para la remisión de datos”.

Cuando el anteproyecto de ley sobre esta materia se dio a conocer, en septiembre del año pasado, las compañías telefónicas afirmaron que no hay complicaciones técnicas para cumplir con la ley, pero advirtieron que deberán gastar unos veinte millones de euros más para llevar a efecto lo que establece la normativa.

La norma, aprobada a propuesta de los Ministerios de Justicia, Interior, Industria, Turismo y Comercio y Defensa, ha sido sometida a informe de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Fuente:Cincodías



La Comunidad de Madrid acordó ayer recurrir por segunda vez ante el Tribunal Supremo el decreto aprobado por el Gobierno central a finales del año pasado por el que persiste en su decisión de dejar en Barcelona la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), antes radicada en la capital española.

El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre ya presentó un recurso contencioso-administrativo contra el traslado de la CMT ante el Supremo, que falló a su favor por defectos de forma en el proceso. Ahora, con este segundo recurso, la Comunidad de Madrid busca que el alto tribunal enjuicie también el fondo de la decisión de cambiar de ubicación a la CMT, que considera ilegal.

Fuente:El País


Los usuarios de móviles podrán darse de baja en sus contratos "sin penalización alguna", en el caso de que decidan no aceptar las modificaciones de tarifa propuestas por las operadoras, según ha recordado hoy el Instituto Nacional de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, en una nota de prensa.

Se ha puesto a disposición de los consumidores el teléfono 901336699 y la página de Internet www.usuariosteleco.es. El próximo 1 de marzo, las operadoras, acostumbradas a aplicar el redondeo al alza en la tarifación, estarán obligadas a facturar únicamente por el tiempo consumido, en virtud de la Ley de mejora de la protección de los usuarios.

Como consecuencia de ello, advierte el departamento que dirige Elena Salgado, algunas compañías de móviles han anunciado la modificación de sus tarifas.

Ante estas variaciones, Consumo recuerda dos aspectos. El primero, que el usuario tiene derecho a ser informado con un mes de antelación de las modificaciones de tarifas de telefonía móvil. Y el segundo, que las operadoras no podrán condicionar la portabilidad -cambio de operador con conservación del número- más que en el caso de corte previo del servicio por falta de pago.

No importan las cláusulas de permanencia

Así, el derecho a desistir del contrato no podrá verse condicionado u obstaculizado por las cláusulas de permanencia, ni vincularse a pagos previos en concepto de penalización, añade este organismo, recalcando que las cláusulas de penalización más comunes son las relacionadas con permanencia o financiación del aparato terminal.

Para cualquier reclamación relacionada con el derecho a darse de baja en el contrato, la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones ha puesto a disposición de los consumidores el teléfono 901336699 y la página de Internet www.usuariosteleco.es.

Asimismo, indica que si los clientes de telefonía lo desean, podrán dirigirse a la Junta Arbitral de Consumo que les corresponda por razón de su domicilio.

La nueva normativa, de 29 de diciembre, prohíbe la práctica del redondeo, por lo que los operadores deberán actualizar los contratos de acuerdo con lo establecido a los dos meses de su entrada en vigor, plazo que se cumple el próximo 1 de marzo.

Fuente:Cincodías

Los equipos técnicos de los Ministerios de Industria y Cultura encargados del establecimiento del llamado canon digital van a reunirse en las próximas horas en busca de un acuerdo, según señalan fuentes del sector.

Pero el pacto parece complicado. Estas fuentes señalan que Industria se mantiene en posiciones cercanas a las de Aetic y Asimelec, mientras que Cultura parece seguir respaldando las opiniones de la SGAE y el resto de asociaciones de gestión de derechos de autor. Y es que, mientras la industria tecnológica calcula el daño de la copia privada en unos 11 millones de euros, las asociaciones de derechos de autor elevan esta cifra hasta el entorno de los 2.000 millones.

De no llegarse a un pacto, como parece más probable, entraría en juego María Teresa Fernández de la Vega, que se convertiría en mediadora entre los dos ministerios. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno ya tiene programadas reuniones con las patronales de la electrónica para principios de la semana que viene, según estas fuentes, que no descartan que De la Vega también se vea con las sociedades de gestión derechos.