IusTelecom - Abogacía

Los abogados de Madrid aprueban unos estatutos paritarios

jppena@iurisnova.es (Juan Pedro Peña) — Fri, 21 Jul 2006 10:47:40 +0200

Fuente: Diario "El País" (Edición Digital)

Los abogados madrileños apuestan por acercarse a la paridad en los órganos ejecutivos de su colegio profesional. Las listas que se presenten a las elecciones a Decano y a la Junta de Gobierno no podrán incluir más de un 60% de miembros del mismo sexo, según los nuevos estatutos que el mayor colegio profesional de España, con más de 47.000 miembros, aprobó el pasado miércoles.

El nuevo texto -el anterior databa de 1948- fue ratificado con el 52,8% de los votos, aunque el 44,8% de los votantes lo rechazó. Esta oposición, sin embargo, no está relacionada con la paridad, sino que se debe a otras cuestiones como la reelección del decano o la estructura de los órganos de dirección.

La participación fue del 2,5% de los colegiados. El escaso interés no es excepcional en la institución, ya que en las elecciones a Decano, las que tienen mayor participación, suele votar un 3% aproximadamente. El sector opuesto a los nuevos estatutos cree que "unas normas que han sido aprobadas sólo por un 1,2% de la corporación tienen poca legitimidad y muestran un colegio totalmente dividido", según el abogado Javier Ledesma. "Esperamos que tomen nota, que abran un proceso de encuentro y que busquen mecanismos que animen a la participación".

Los nuevos estatutos prevén el voto por correo y el voto electrónico, aunque este último no se regula. Serán necesarias normas posteriores para hacer efectiva esta posibilidad. El Grupo de Abogados Jóvenes se incorpora por primera vez a la Junta de Gobierno, pero sin voto. Se recoge que las cuentas anuales sean sometidas a la revisión de un auditor externo nombrado por la Junta General -a la que pueden asistir todos los colegiados-, y que las minorías puedan solicitar un segundo auditor si lo pide el 1%.

Los expedientes disciplinarios contra abogados del turno de oficio por quejas de clientes, jueces, fiscales o abogados contrarios serán instruidos por al menos una persona del mismo turno. Algunos letrados critican que esto puede propiciar el corporativismo y perjudicar a los usuarios de la justicia gratuita.

Los licenciados en derecho pierden su monopolio para ser procuradores

boletines@iurisnova.es (IurisNova) — Mon, 05 Sep 2005 11:45:55 +0200

Fuente: Expansión

Una sentencia del Supremo anula las exigencias formativas recogidas en el estatuto profesional de 2002. La razón: que se impuso una prohibición al resto de licenciaturas por medio de real decreto en vez de por ley.

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La exigencia de contar con la licenciatura en Derecho para poder ser procurador de los tribunales acaba de ser anulada por el Supremo.
Una sentencia de este tribunal, hecha pública el pasado 8 de agosto, asegura que el estatuto profesional aprobado en 2002 (donde se plasmó el monopolio de los titulados en leyes sobre la profesión de procurador) fue aprobado por real decreto en vez de por ley, por lo que “el estatuto vulnera el principio de reserva de ley y debe procederse a la anulación del artículo [donde se recoge este requisito formativo]”.
La postura del Tribunal Supremo abre, así, las puertas de una profesión tradicionalmente ocupada por los titulados en Derecho. Y es que la sentencia reduce los requisitos de cualquier persona, licenciado universitario o no, para ocupar un puesto de procurador, al mero trámite de aprobar el examen que realiza el Ministerio de Justicia.
Los máximos beneficiados podrían ser los graduados sociales, agentes de negocios y gestores administrativos, profesiones cuyos respectivos colegios ya criticaron la cerrazón del actual estatuto de los procuradores. Y con ellos, licenciaturas como las de económicas o administración de empresas, que nutren en buena parte estos colegios.
La profesión de procurador, sin embargo, requiere de fuertes dosis de formación en materia judicial. De hecho, son los encargados de llevar todas las relaciones entre el particular que acude a la Justicia y los tribunales.
El Supremo remarca que la “función de ordenar la profesión [...] solamente puede ser ejercida dentro de los límites marcados por las atribuciones otorgadas por la ley, las cuales deben ser objeto de una interpretación estricta. La razón estriba en que las regulaciones que limitan la libertad de quienes desarrollan actividades profesionales y empresariales no dependen del arbitrio de las autoridades o corporaciones administrativas”.
El alto órgano judicial añade en su exposición que la Ley Orgánica del Poder Judicial –obviamente de rango superior al real decreto en el que se plasmó el estatuto de los procuradores– no exigió ningún requisito en cuanto a la titulación, principio que debe prevalecer, según la sentencia.
Fuentes de algunos de los colegios de procuradores de las distintas provincias españolas han llegado a señalar que la situación que abre la sentencia del Tribunal Supremo “podría permitir la llegada de un analfabeto a la profesión de procurador”.
Desde el PP no han tardado en reaccionar: el senador José Blas ha trasladado ya al Gobierno una consulta exigiendo que se aclare si el Ministerio de Justicia va a intentar mantener el principio de la exigencia de la licenciatura en derecho para esta profesión, regulándolo esta vez por ley, o si, por el contrario, va a permitir que el principio plasmado en la sentencia se consagre.
Pero lo cierto es que la profesión de los procuradores suma ya una larga temporada de vaivenes.
El último lo vivió a raíz de la elaboración de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, donde se eliminó la exigencia de que las reclamaciones de indemnizaciones inferiores a 30.000 euros tuviesen que contar con la presencia de procuradores, una medida que supuso una importante pérdida de foco de actividad.

El Gobierno prepara la Ley de Sociedades Profesionales y la reforma de la adopción

boletines@iurisnova.es (IurisNova) — Mon, 05 Sep 2005 11:41:19 +0200

Fuente: El País

La gestión de las reformas procesales para reducir la carga de trabajo de los tribunales Supremo y Constitucional y el reequilibrio de competencias, desde la base de la nueva justicia de proximidad hasta su culminación en los tribunales superiores de justicia, centrarán la actividad del Ministerio de Justicia para el próximo curso político. Justicia prepara la Ley de Sociedades Profesionales, y la reforma de los actos de jurisdicción voluntaria que afectan, entre otros, a la adopción, tutela y protección de menores. También pondrá en marcha la "oficina judicial del siglo XXI" con un amplio plan de modernización.

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El Ministerio de Justicia tiene cubierta ya la mayor parte de la actividad legislativa del programa electoral socialista, por lo que los próximos meses serán más de seguimiento y gestión de lo ya legislado que de producción de nuevas normas, según informaron fuentes jurídicas.

Con todo, en el periodo de sesiones que se abre ahora y hasta el mes de enero, el ministerio que dirige Juan Fernando López Aguilar quiere remitir a las Cortes tres o cuatro nuevos proyectos legislativos, comenzando por la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Ésta introducirá novedades en las medidas a imponer a los menores según la franja de edad que tengan en el momento en el que cometan la infracción, y facultará a los jueces a que puedan ordenar que, en los casos de extrema gravedad, los menores más peligrosos o que perjudiquen la rehabilitación de sus compañeros puedan seguir su internamiento en régimen cerrado en un centro penitenciario ordinario al cumplir los 18 años.

- Nuevos proyectos. Según las citadas fuentes, los nuevos proyectos se refieren a leyes que, más que innovar, buscan consolidar un buen sistema de funcionamiento de determinados sectores. Entre éstas, está muy avanzada la Ley de Sociedades Profesionales -relativa a las actividades que desarrollan despachos de arquitectos, bufetes de abogados, etcétera-, sociedades que pueden llegar a ser muy amplias y cuya materia "no está ahora muy bien regulada".

Otras de las novedades para el próximo otoño será la Ley de la Navegación Marítima, que lleva tiempo recibiendo aportaciones de la Comisión General de Codificación, y la reforma del Código Civil en materia de Jurisdicción Voluntaria, que actualizará la normativa sobre tutela, adopción, protección de menores, internamiento de incapaces, etcétera.

Para más adelante quedarán la Ley de Testigos Protegidos, que puede acabar integrada en la muy esperada Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien ésta no estará finalizada hasta finales del primer semestre de 2006 y su entrada en vigor se producirá entrado ya 2007.

- Código Penal. El Código Penal no sufrirá modificaciones de alcance a corto plazo, si bien está en tramitación la modificación de los delitos de riesgo provocados por explosivos. Pero una de las "reformas seguras" es la del artículo 89 del Código Penal, que obliga a los jueces a sustituir la pena de menos de seis años de prisión impuesta a extranjeros que no residan legalmente en España por su expulsión del territorio nacional, salvo casos excepcionales. Para las penas iguales o superiores a seis años se acuerda la expulsión cuando el extranjero salga en tercer grado o libertad condicional. Esta imposición a los jueces de sustituir las penas por la expulsión, que fue introducida en los últimos tiempos del PP, ha sido criticada por numerosas fiscalías e incluso por el Tribunal Supremo y va ser retocada por Justicia a la primera oportunidad.

- Reglamentos. Entretanto, el ministerio tiene en cartera la aprobación de varios reglamentos de bastante trascendencia: el de Notarios y Registradores; el reglamento de Demarcación registral y el de Datos de Carácter Personal, que contendrá el catálogo de aquéllos que puedan afectar a la intimidad o la privacidad de la persona de la persona.

Fuentes del departamento señalaron que ya han resuelto casi todas las "grandes leyes" del programa electoral, entre ellas la de Protección Integral contra la Violencia de Género, la reforma del Código Civil en materia de separación y divorcio y la del matrimonio homosexual, así como una primera reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya están en vigor tras su paso por las Cortes. No obstante, estas nuevas normas están en período de rodaje y al menos hasta dentro de un semestre no se podrán evaluar los primeros resultados tras su implantación.

Otro de los proyectos pendientes es el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que previsiblemente quedará para el próximo curso.

- Justicia de proximidad. El Ministerio de Justicia prestará más atención a vender otros proyectos más recientes que aún tienen que ser sometidos a informe de otros organismos y deben pasar el trámite parlamentario. Como la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que introducirá, entre otras, las nuevas competencias de los tribunales superiores de justicia, la justicia de proximidad y los consejos de justicia autonómicos. Los nuevos juzgados de proximidad, que se desenvolverán exclusivamente en los ámbitos civil y penal, intentarán resolver cuestiones que precisen de una especial celeridad y están pensados para problemas cotidianos en los centros urbanos que generan gran número de litigios. Entre los casos de los que se ocuparán figuran las demandas de desahucio por falta de pago del alquiler y asuntos de pequeña cuantía.

La reforma de la nueva oficina judicial, denominada "del siglo XXI" por sus patrocinadores, obligará a modificar una veintena de leyes procesales.

También será objeto de especial seguimiento la norma que regulará el acceso a la Abogacía, y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, cuyo anteproyecto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, pone filtros a la admisión de los recursos de amparo para desatascar el alto tribunal.

El Gobierno negocia con los bufetes la inclusión en nómina de los abogados

jppena@iurisnova.es (Juan Pedro Peña) — Fri, 17 Jun 2005 13:56:33 +0200

Fuente: Expansion.com

El Ejecutivo busca con el Consejo de la Abogacía y los grandes bufetes una solución que convertiría a muchos autónomos en asalariados. Los abogados tendrían derecho a indemnizaciones por despido y bajas.

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La negociación entre el Gobierno y los grandes despachos de abogados avanza a pasos agigantados. El objetivo: dar forma a la relación laboral especia de los abogados. Los bufetes han puesto sobre la mesa del Gobierno un borrador de Real Decreto que supondría una relación laboral mixta entre la etiqueta de autónomos que ahora tienen los abogados y la de trabajador por cuenta ajena -el clásico asalariado-.

La propuesta, que obligaría a los bufetes a incluir en nómina a los abogados, otorga a los nuevos asalariados ciertos derechos sociales de los que no disfrutaban hasta ahora. Sin embargo, ya se han oído las primeras voces discrepantes por algunos artículos del borrador.

Entre algunos de los puntos que más polémica pueden generar del Real Decreto se encuentra el asunto de las indemnizaciones por despido. Si el bufete decide despedir al abogado, basta con una indemnización de quince días por año hasta un límite máximo de seis mensualidades. Antes tendría que haberle avisado en un plazo que varía según los años de antigüedad. Si el que rompe el contrato es el abogado, en el caso de que tuviese un contrato por tiempo determinado, “podrá ser demandado por los daños y perjuicios que la extinción anticipada haya podido causar al bufete”.

Además, algunos despachos que ya tienen a todos sus abogados en relación laboral han mostrado su extrañeza por la impresión que rezuma el borrador de que se podrá optar por la relación mercantil, la relación laboral o esta nueva relación especial de la abogacía. En su opinión, si el Real Decreto sale adelante, debería ser de obligado cumplimiento para todos.

Con una oleada de inspecciones de Trabajo medio paralizadas en unos despachos, y a todo tren en otros, las firmas continúan con las conversaciones con los Ministerios implicados.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia han reconocido los contactos con el Consejo General de la Abogacía Española para tratar de buscar una solución a los problemas que se plantean.

Las negociaciones se están llevando al más alto nivel. Por parte de la abogacía, algunos de los principales despachos están siendo informados de los pasos que se están siguiendo en la negociación. Estas conversaciones, aunque se han intensificado en las últimas semanas, se llevan produciendo desde hace ya varios años –incluso con el anterior Gobierno–.

Por aquel entonces, se trató de regular la relación especial de los abogados a través de un proyecto de Ley de Sociedades Profesionales. Ese texto se trabajó con los últimos inquilinos del Ministerio de Justicia: el equipo de Ángel Acebes, el de José María Michavila, y tras el cambio de Gobierno, se puso encima de la mesa de Juan Fernando López Aguilar. Ahora, los bufetes han preferido dejar a un lado esa posibilidad y proponer un texto que se centre en su profesión y no se ocupe de otras como economistas, arquitectos o médicos que están en una situación parecida.

Sin embargo, la preocupación en los despachos se incrementó cuando el Tribunal Supremo se pronunció sobre el asunto al definir como relación laboral, es decir, con las características de retribución, ajenidad y dependencia, la vinculación que tenía una abogada con el bufete Linklaters. A esta resolución se sumaron un buen número de denuncias de situaciones similares en otros bufetes. Estos hechos provocaron la puesta en marcha de inspecciones de trabajo en distintos bufetes. Entre ellos se encuentran Linklaters, Díaz-Arias, Cuatrecasas, Allen & Overy y Squire, Sanders & Dempsey.

La intención de los abogados según la introducción del texto es equilibrar la protección laboral y social de los abogados que trabajan por cuenta ajena con los principios que rigen el ejercicio de la abogacía.

Es probable que este texto levante ampollas entre los abogados que se vayan a ver salpicados si, finalmente, entra en vigor el Real Decreto.

¿Será efectivo a partir de verano?
Los abogados ya están alerta ante el borrador de Real Decreto que preparan los grandes despachos. Todo parece indicar que poco o nada se modificará del borrador original y las primeras críticas al texto ya están apareciendo. Las fechas que se barajan para que el texto vea la luz son las de verano. Los despachos tendrían que acometer el cambio de relación con sus abogados a la vuelta de las vacaciones.

De hecho, el texto del Real Decreto señala, en su Disposición Transitoria Primera, que los abogados dispondrán de treinta días para ejercitar la opción entre mantener el vínculo contractual anterior o acogerse a la relación laboral especial. Añade el texto que, en ese caso, deberán formalizar el contrato laboral especial de la abogacía, dentro de los cinco días siguientes a la extinción del plazo dispuesto.

El reloj ya está puesto en marcha y los abogados deberán decidir sobre su futuro... en la medida que puedan.

La batalla legal

Los grandes despachos piden una regulación de la vinculación del abogado con el bufete. Despachos que tienen a sus abogados en régimen laboral piden que se equilibre la situación. Hay contactos con el Gobierno del PP y con el Ejecutivo actual.

Abril de 2004. El Supremo determina la existencia de relación laboral por cuenta ajena entre una abogada y un bufete.

Trabajo comienza inspecciones en los bufetes y las conversaciones entre Gobierno y despachos se intensifican.